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crónica...
Portada • Indice • Videos • Fotos • Escríbanos • Cartas • Grupos • Prensa • La Ley •Asimismo, todas las autoridades que
emanen de la soberanía popular tendrán
que someterse a un plebiscito revocatorio,
que podrá ser solicitado por un número
exigente y determinado de ciudadanos
por una única vez en la mitad del
mandato.
Defendemos un cambio en el sistema
electoral, por uno proporcional, y el
pendiente reconocimiento constitucional
de los pueblos indígenas, y por ello
insistiremos en reformas que permitan su
participación política.
Por todo lo dicho, es necesario un
plebiscito donde se vote una nueva
Constitución y un renovado pacto social.
3. Gobernar con transparencia y defensa
irrestricta de la probidad
Queremos un Estado capaz de
efectivamente garantizar la probidad, que
regule drásticamente el lobby y prohíba a
los ex funcionarios públicos ocupar cargos
directivos en empresas privadas que
hayan fiscalizado, durante dos años a
partir de la dejación de su cargo.
El Defensor del Pueblo y cualquier
ciudadano podrán denunciar malos tratos
o actos punibles perpetrados por los
funcionarios, incluidos los funcionarios
municipales.
Se debe establecer por ley el
mecanismo de primarias para designar
candidatos y, por otra parte, dentro de las
reformas a la ley de partidos se debe crear
una autoridad pública externa que deberá
garantizar el cumplimiento de los estatutos
partidarios.
4. Proteger los derechos humanos y
ampliar los derechos civiles
En materia de derechos civiles
postulamos reforzar la igualdad de
género, despenalizaremos la interrupción
del embarazo en caso de violación y en
caso de peligro en la salud de la madre
con la debida supervisión médica, tal
como existió hasta 1989. Somos
partidarios de establecer el Pacto de
Unión Civil para terminar con la
discriminación a las minorías sexuales en
temas patrimoniales y otros derechos.
Sostenemos que la actual
institucionalidad para atender los desafíos
infanto-juveniles no da cuenta de las
reales necesidades de los jóvenes y de
los niños y niñas; por eso creemos que se
debe terminar con el Injuv y el Sename, y
crear una Subsecretaría de la Juventud
que, además, contenga un defensor de los
derechos juveniles.
Lucharemos por la aprobación de
todos los tratados relacionados con los
derechos humanos, el predominio de los
tratados internacionales de derechos
humanos sobre la legislación nacional, la
adhesión de Chile al Tribunal Penal
Internacional, indemnizaciones justas a
las víctimas de la dictadura y la
derogación de la Ley de Amnistía.
Estamos convencidos de que la
seguridad cotidiana de las personas y el
retroceso de la delincuencia se reforzará
en un clima general de respeto a los
derechos y a la ley, y con una acción
decidida de ampliación de las
oportunidades para los jóvenes. De esta
manera se podrá actuar con gran firmeza
contra la delincuencia y las causas que la
provocan.
5. Avanzar hacia un nuevo modelo de
desarrollo con una educación de calidad,
amplio acceso a la cultura y un sistema
público de salud fortalecido para asegurar
el cumplimiento de garantías
El Estado debe garantizar a todo
ciudadano a partir del próximo gobierno el
derecho a una educación de calidad y el
acceso a las diversas expresiones de la
cultura. La labor del Estado en estas áreas
no puede ser subsidiaria y constituye un
eje central de las garantías en la nueva
Constitución que se propone, pudiendo
todo ciudadano recurrir a los tribunales de
justicia para su cumplimiento.
El canal estatal debe ser el motor de
la revolución que significa la televisión
digital y la audiovisualización de la Web.
Creemos que hay que entregar medios
para que cada niño chileno pueda
ingresar al uso efectivo de la tecnología
digital y al mundo de la información.
Queremos terminar con el IVA al
libro, implementar una ley de propiedad
intelectual que proteja la creatividad,
multiplicar por 10 veces los fondos
concursables retornables y no retornables
en cultura, agregando discriminación
positiva a favor de las regiones.
6. Derechos reales para los consumidores
Creemos en el aumento sustancial
de las facultades fiscalizadoras del Estado
respecto a las actividades económicas
que generen riesgos para el
medioambiente, para la estabilidad
económica, para la protección al
consumidor y del trabajador.
Los bancos y empresas privadas, en
especial las grandes, tienen ganancias
monopólicas excesivas y son
deficientemente controladas por las
superintendencias respectivas. Las AFPs
ponen hoy en peligro los ahorros de los
trabajadores con comisiones usureras e
inversiones de alto riesgo, mientras que
las Isapres han logrado utilidades
enormes discriminando a los usuarios, en
especial las mujeres en edad fértil y la
tercera edad. Muchas empresas violan las
leyes que protegen el medioambiente y
muchas empresas eléctricas, de telefonía,
de carreteras concesionadas, de Internet,
han logrado regulaciones ampliamente
favorables a sus intereses, obteniendo
utilidades inaceptables a costa de los
usuarios. Esta situación demanda nuevas
y estrictas regulaciones, diseñadas con
espíritu moderno y efectivamente
proteccionista y social.
Los órganos de fijación tarifaria
deberán cautelar únicamente los intereses
de los consumidores, bajo control de los
usuarios y del Parlamento. Se debe crear
una Superintendencia de Medio Ambiente
y el Sernac deberá tener más facultades
normativas y de control en la protección
del consumidor. Asimismo, el sistema
bancario deberá someterse a mayores
controles, poniendo límite al cobro de
intereses y comisiones en el crédito de
pequeña escala, terminando con la
discriminación al pequeño empresario.
Es imprescindible contar con una
AFP estatal, solidaria, que baje las
comisiones, termine con los abusos en los
cobros y entregue una pensión digna a
nuestros trabajadores.
7. Cautela efectiva de nuestros recursos
naturales
El Estado debe defender nuestras
riquezas naturales y considerar un nuevo
catálogo de delitos medioambientales. En
ese contexto, se debe desarrollar una
revisión crítica del manejo de nuestros
recursos naturales así como la necesaria y
urgente nacionalización del agua.
Promoveremos terminar con las
concesiones indefinidas en minería y
pesca, estableciendo un sistema de
licitaciones cuando sea útil incorporar a
privados en la explotación de recursos
naturales. Los derechos de explotación
variarán con el precio del recurso, hasta
alcanzar un 100%. No debemos permitir
proyectos que destruyen el
medioambiente de modo irreversible. La
inversión extranjera puede ser útil en
determinadas condiciones, pero no al
precio de paraísos y excepciones
tributarias y de destrucción de la
naturaleza.
Chile debe realizar una gran
inversión en energía solar, eólica y
geotérmica, en centrales hidroeléctricas
de pasada y en biocombustibles no
agrícolas (especialmente de celulosa y
biomasa).