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Los forjadores del "Decálogo para el futuro”. / Enviada por Julio Frank
Salgado
crónica...
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priódico internet de Chile
domingo 23 de noviembre de 2008
Por Julio Frank Salgado
A través de un “Decálogo para el
futuro”, doce legisladores de partidos de la
Concertación, junto a ex ministros,
concejales y dirigentes sociales, exigen a
los candidatos presidenciales cambios
profundos al sistema político y definen
bases para una Carta Fundamental
auténticamente democrática.
Un plebiscito para votar una nueva
Constitución Política del Estado, así como
iniciativa popular de ley, inscripción
electoral automática y sistema de elección
proporcional, derecho a voto para los
chilenos residentes en el exterior,
reconocimiento constitucional a los
pueblos indígenas, nacionalización del
agua y una política nacional para el cobre
incluye, entre otras propuestas, el
denominado “Decálogo progresista para
el futuro”, presentado públicamente el 8
de noviembre por doce parlamentarios de
la Concertación y orientado a promover un
“Estado social de derecho”.
En el grupo -llamado “díscolo” por la
prensa debido a su posición disidente de
la línea oficialista- figuran los senadores
Carlos Ominami (PS) y Nelson Avila
(PRSD), y los diputados Pablo Lorenzini
(DC), Marco Enríquez-Ominami y Sergio
Aguiló (PS), Tucapel Jiménez, Ramón
Farías, René Alinco y Guido Girardi Briere
(PPD), Alejandro Sule y Fernando Meza
(PRSD) y el independiente Alvaro
Escobar. Entre los 30 firmantes se cuentan
también el ex canciller Enrique Silva
Cimma y el ex rector de la Universidad de
Chile Luis Riveros, además de concejales,
dirigentes partidarios locales, dirigentes
sindicales y otros adherentes.
El documento, presentado en el
Centro Cultural Palacio de La Moneda,
pretende asentar las bases para un
“programa nuevo” de gobierno de la
Concertación y, en definitiva, de una
nueva Constitución Política. Será
entregado a los diferentes precandidatos
presidenciales concertacionistas con la
intención que lo consideren en su
respectivo programa y condicionar así el
apoyo.
“Si enfrentamos el próximo desafío
presidencial sin una propuesta
ampliamente renovada, que aporte
respuestas creativas a los nuevos
desafíos del siglo XXI y que integre
liderazgos nuevos, las posibilidades de
triunfo de una opción progresista y
modernizadora son más que escasas”,
advierte. “Tampoco la dirigencia de
derecha tiene un proyecto que proponer a
Chile. Su gran ambición es transformar
todas las actividades en un gran negocio y
responder a los problemas de la sociedad
con autoritarismo e intolerancia”.
Denuncia, asimismo, que se ha
impuesto una democracia y una sociedad
de mercado, cuya lógica de la rentabilidad
y el lucro domina en todos los planos. “De
hecho, en Chile todos los servicios
básicos pueden ser fuente de
enriquecimiento para reducidos grupos
económicos que muy a menudo abusan
en contra de consumidores prácticamente
indefensos. Por ejemplo, la educación
pública, pilar de la integración republicana
y del acceso a las oportunidades sobre la
base del mérito y no de los privilegios de
cuna, hoy día ha llegado a ser relegada
en todos los niveles y enfrenta una crisis
de graves dimensiones, coartando su
misión de movilidad social en medio de
una creciente privatización”.
Sostiene también que el Estado debe
asumir “sin complejos” una función
orientadora del desarrollo y de
representación del interés general.
“Enfrentaremos con fuerza las tentativas
sistemáticas de la derecha y de los
neoliberales de todo el espectro político
para deslegitimar su acción y jibarizar su
tamaño, con grave perjuicio para las
mayorías que necesitan de un Estado
sólido que cautele su bienestar”, agrega el
texto.
“En suma, no ha sido posible el
reconocimiento a nivel constitucional y
real de ‘un Estado social y democrático de
derecho’, que constituye definitivamente
todo el sentido de justicia que permita que
nuestra sociedad entera, sin diferencias,
tenga el justificado derecho a lograr su
felicidad”.
El decálogo postula cambios
profundos destinados a dar “mayor
energía” a la democracia a través de la
promoción de distintas formas de
participación ciudadana y ampliar el
espacio de las libertades, además de
enfrentar “en serio” las desigualdades
sociales, territoriales y de género, y
recuperar un dinamismo económico
ambientalmente sustentable.
Adelantado por El Mercurio una
semana antes -aunque después omitido
por la prensa en general-, el documento
consta de proposiciones sobre derechos
humanos, transparencia política,
educación, salud, riquezas naturales
básicas y otras áreas. Reclama, por
ejemplo, un defensor del pueblo,
elecciones primarias reguladas por ley,
derogación de la ley de amnistía,
despenalización del aborto en
determinadas circunstancias, sistema
nacional de educación de calidad y
equitativa, un proyecto nacional para el
cobre, nacionalización del agua y término
de las concesiones indefinidas en minería
y pesca, entre otras propuestas.
(Hace un mes, cinco diputados de la
coalición se pronunciaron públicamente
sobre este tema, entre ellos los mismos
Jiménez, Farías, Sule y Girardi, exigiendo
una asamblea constituyente que redacte
lo que llamaron “la Constitución del
Bicentenario”).
“Decálogo progresista para el
futuro” (extracto)
“1. Un modelo económico solidario y
progresista
Del modelo neoliberal actualmente
en vigencia habrá que transitar hacia uno
de solidaridad social, que no implique
regresar a un pasado de estatismo, pero
que sí anteponga el interés común al
desarrollo de la actividad económica, sin
negar la retribución justa a la iniciativa
privada. Este nuevo marco de desarrollo
implicará una nueva política tributaria para
apoyar los esfuerzos redistributivos y una
política efectiva de apoyo a la mediana y
pequeña empresa, con un Banco del
Estado, una Corfo y un Sercotec que se
constituyan en los pilares para el apoyo
financiero y técnico a este sector.
2. Revitalizar la democracia
Aspiramos a un régimen
semipresidencial regulado con la consulta
directa a los ciudadanos, para que
garantice el equilibrio democrático de
poderes y el control popular.
Este nuevo sistema, basado en un
concepto de Estado Social de Derecho,
implicará la inscripción electoral
automática a los dieciocho años y con
derecho a sufragio de los chilenos que
residen en el extranjero. También asumirá
que los ciudadanos, sobre la base de un
número determinado de firmas, podrán
proponer proyectos de ley que deberán
ser tratados con carácter de urgencia por
ambas cámaras.