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El 66,7% de los chilenos aprueban el voto de los chilenos en el extranjero
crónica...
Portada • Indice • Videos • Fotos • Escríbanos • Cartas • Grupos • Prensa • La Ley •La IV Encuesta Nacional de Opinión
Pública 2008, realizada por el Instituto de
Investigación en Ciencias Sociales de la
Universidad Diego Portales,
recientemente publicada en Santiago,
contiene un importante elemento con
respecto al derecho a voto de los chilenos
residentes en el extranjero:
Destaca también la concepción del
voto como un derecho (43,2%) por sobre
quienes consideran que es un deber
(41,4%). Derecho que el 66,7% señala
debe considerar a los chilenos
residentes en el extranjero, mientras
que un 56% considera que debe
extenderse también a los extranjeros
residentes en Chile. Al tiempo que
sorprende, en un país donde el delito es
tema preferencia de la agenda pública y
política, que un 79,5% pida el voto para
los ciudadanos libres que cumplieron ya
condena y un 56% para aquellos
presidarios o presos. En cuanto a los
jóvenes, el 56,8% considera que no
deberían tener derecho a voto aquellos
que están entre 16 y 18 años.
El resto de la encuesta es también de
gran interés para los chilenos residentes
en el extranjero y por ello lo reproducimos
a continuación.
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por Paulina Acevedo
Una marcada tendencia a expandir
el rol y la propiedad del Estado sobre
diversoso bienes y servicios públicos
mostró la IV Encuesta Nacional de
Opinión Pública 2008, realizada por el
Instituto de Investigación en Ciencias
Sociales de la Universidad Diego
Portales. A diferencia de la mayoría de las
encuestas de opinión en Chile, que se
realizan vía telefónica, ésta es aplicada
mediante entrevistas cara a cara con un
95% de confiabilidad.
La mayor parte de los chilenos está
de acuerdo o muy de acuerdo, por
ejemplo, en que el Estado tenga
empresas de utilidad pública (71,6%); que
exista una AFP estatal (67,2%); que
aumenten los bancos estatales (65,7%);
que el transporte público esté en manos
de una empresa estatal (58,1%); que
“todas” las universidades pasen a ser de
propiedad del Estado (52,9%) e incluso
que exista una cadena de supermercados
estatal (51,9%). Del mismo modo, y esta
vez respecto a nuestro principal producto
de exportación, el cobre, el 60,6% de los
encuestados está en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo con que
CODELCO sea privatizada.
Solo dos cifras fueron en contra de esta
tendencia, cuando se consultó si las
Isapres deben seguir siendo privadas
(únicamente el 44,5% está en desacuerdo
o total desacuerdo) y el 36,9% es contrario
a que los colegios particulares
subvencionados sigan existiendo como
privados. Situación que se entiende, en
parte, por la mala percepción y evaluación
que existe de la infraestructura de salud
estatal y de los colegios públicos
municipales. Sin duda, una tarea
pendiente para el Estado, que se
encuentra obligado a satisfacer las
garantías de educación y salud de calidad
consagradas en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Para la socióloga Paula Barros, del
equipo ICSO-UDP, algunas de estas cifras
“podrían explicarse por la actual
sensación de crisis, que lleva a buscar en
el sector público soluciones para el
acceso a servicios básicos. Lo anterior se
confirmaría al observar que a menor nivel
socioeconómico, mayor es el apoyo a un
rol activo del estado en los ámbitos
mencionados”.
Otra lectura, que se refuerza al cruzar
estas expectativas estatistas con la
apreciación de la situación económica
actual y de la dirección que ha tomado el
país, consultadas a su vez por la
encuesta, es que aquí subyace una clara
crítica al modelo económico y a los
abusos del mercado. Donde son cada vez
más quienes prefieren la protección del
Estado, con todas sus precariedades y
deficiencias, al control del mercado.
De hecho, la mala evaluación de la
situación económica es categórica y
experimenta un incremento sostenido que
se ha duplicado en solo dos años (de
24,3% en 2006 a 42,2% este año) y nada
más que un tercio de los encuestados
(33,9%) estima como muy bueno el
camino que sigue el país, un 44,8% lo
considera muy malo, en especial los
quintiles de menores ingresos (49,7% y
57,4%, para grupos D y E,
respectivamente) y un amplio porcentaje
(19,5%) que lo considera ni bueno ni
malo.
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2009
Ante las dudas que aún existen
sobre quiénes serán los candidatos de las
próximas elecciones presidenciales, la
encuesta muestra que los partidarios de la
Concertación son más favorables a la idea
de una primaria (69%) que aquellos
cercanos a la Alianza (53,8%) como forma
dedirimir una candidatura única.
Mientras que cuando se pregunta
quién le gustaría que fuera el próximo
presidente de Chile, las preferencias se
inclinan por Sebastián Piñera (35,4%),
Ricardo Lagos (13,8%), Eduardo Frei
(4,6%) y José Miguel Insulza (4,3%). Que
en el caso del candidato aliancista,
aumenta a 51,8% cuando la consulta es
quién cree será el próximo presidente. El
nivel de apoyo a los candidatos es menor
en el caso de las mujeres, lo que de
acuerdo al director de ICSO, Claudio
Fuentes, se explica porque “un
significativo porcentaje de mujeres (26,4%
respecto de 16% de hombres) aún no ha
tomado una decisión sobre su preferencia
presidencial, por lo que los candidatos
deben prestar especial atención al voto
femenino y a la insatisfacción de los
sectores medios”. Como se desprende de
la respuesta a la consulta sobre quiénes
son los principales beneficiados por las
políticas implementadas por el gobierno
de Bachelet, siendo “la clase alta” (36,6%)
y “la clase baja” (29,4%) las que alzan con
las altas menciones sobre “la clase
media” (19,4%) como beneficiario.
OTROS RESULTADOS
Respecto a la administración de
Bachelet, al igual que el año pasado, la
encuesta refleja una mayor aprobación
hacia la figura presidencial (52,7%) que al
gobierno (40,1%), ambos indicadores con
un significativo aumento en relación a la
encuesta de 2007, donde alcanzaron un
40,6% y 31,7% de aprobación
respectivamente. No obstante lo anterior,
la mayoría de los encuestados (52,7%)
afirma que le cree pocas veces o nunca a
sus declaraciones, mientras el 43,7%
afirma creer siempre o la mayoría de las
veces.
En materia de corrupción, el 53,6%
considera que el gobierno está muy
interesado o algo interesado en la lucha
contra la corrupción, mientras el 42,6%
indica que está poco o nada interesado. Y
frente a las figuras más sobornables, el
69,8% de los entrevistados considera que
es muy fácil o fácil sobornar a un
funcionario municipal, un 66,1% piensa lo
mismo respecto a los funcionarios públicos
en general, un 51,4% respecto a los
jueces, un 41% en el caso de los
profesores y 36% para carabineros, cifra
que contrasta con esa percepción de ser
uno de los estamentos más que queridos
por la gente.
Destaca también la concepción del
voto como un derecho (43,2%) por sobre
quienes consideran que es un deber
(41,4%). Derecho que el 66,7% señala
debe considerar a los chilenos residentes
en el extranjero, mientras que un 56%
considera que debe extenderse también a
los extranjeros residentes en Chile. Al
tiempo que sorprende, en un país donde el
delito es tema preferencia de la agenda
pública y política, que un 79,5% pida el
voto para los ciudadanos libres que
cumplieron ya condena y un 56% para
aquellos presidarios o presos. En cuanto
a los jóvenes, el 56,8% considera que no
deberían tener derecho a voto aquellos
que están entre 16 y 18 años.
Finalmente, en el capítulo sobre
desigualdad en Chile y específicamente
frente a la discriminación, los encuestados
destacaron a los mapuche (23%), a los
inmigrantes peruanos (18,5%), las
minorías sexuales (16,1%), la tercera edad
(14,3%) y los discapacitados (12,5%)
como los sectores más discriminados de la
sociedad.
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Destaca también la concepción
del voto como un derecho (43,2%) por
sobre quienes consideran que es un
deber (41,4%). Derecho que el 66,7%
señala debe considerar a los chilenos
residentes en el extranjero, mientras
que un 56% considera que debe
extenderse también a los extranjeros
residentes en Chile. Al tiempo que
sorprende, en un país donde el delito
es tema preferencia de la agenda
pública y política, que un 79,5% pida el
voto para los ciudadanos libres que
cumplieron ya condena y un 56% para
aquellos presidarios o presos. En
cuanto a los jóvenes, el 56,8%
considera que no deberían tener
derecho a voto aquellos que están
entre 16 y 18 años.